El Consejo General cree que la Ley de Telecomunicaciones atenta contra la propiedad privada
La nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra la propiedad privada al permitir la expropiación forzosa de las azoteas de los edificios para servicios de comunicaciones electrónicas, según denuncia el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Rechaza que los operadores puedan disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencia de obra ni realizar estudios de impacto ambiental, como era necesario antes. Actualmente, solo precisan de un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora.
«No se entiende que la nueva Ley de Telecomunicaciones no regule el potencial peligro que puede comportar para la salud de los ciudadanos y no tenga en cuenta que supone un sobrepeso excesivo para la estructura del inmueble que conducirá a un deterioro de todo el edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia», denuncian en el Consejo. Por ello, los administradores de fincas colegiados han solicitado la intervención del defensor del pueblo para que denuncie en el Parlamento este articulado. Además, se comprometen a vigilar que la nueva ley se lleve a efecto «con el máximo rigor y respeto a la propiedad privada».
Y si se produce la expropiación de la cubierta, elemento común por naturaleza, sería necesario un cambio del título constitutivo incompatible con los enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Estas lagunas legales, no previstas por la nueva norma, posibilitan el que la comunidad de propietarios se oponga a la instalación alegando razones de imprevisión que chocan con los enunciados de la LPH.
Fuente: EL PAÍS